Sorprende por cierto a este lector, que ahora se esté analizando el avance sobre la Justicia con una inoportuna, audaz y direccionada acción del Congreso, sobre uno de los tres Poderes constitucionales de la República.
El cuestionado artículo 72 del proyecto que intenta una intromisión directa en la ética y fundamentos de los jueces en sus legítimas decisiones, tienen como correlato, la falta de memoria individual de quienes elevan esta propuesta ahora, cuando sin ningún tipo de tapujos crearon durante la administración kirchnerista la denominada agrupación “justicia legítima”, la que se constituyó en la expresión política de los jueces comprometidos con dichos gobiernos ya no solo al tiempo de acceso a sus magistraturas, sino también en los tan cuestionados fallos que aquellos dictaran.
La ética de los jueces debe ser regulada por la propia Justicia a través del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia al tiempo del dictado de normas que establezcan las formas de ejercer sus funciones. Hoy, pretender que un Poder imponga normas a otro Poder, convertirá en cuestionable y judiciable cualquier fallo a dictarse, ello fundado en un abanico enorme de cuestionamientos futuros a lo que termine en sentencia. Se desvanece de esta forma lo que debe primar en los decisorios de aquellos a quienes se les ha confiado tan certero discernimiento legal, enmarcado en la cuestionada libertad de cualquier presión o acción directa de quienes amparados en su pasado político comprometido, vulneran una vez más la fe pública del Estado.
Defender la independencia de Poderes y la congruencia soberana de los jueces al tiempo de administrar justicia, solo una forma de garantizar a la ciudadanía, el respeto irrestricto a las leyes, y no a las ahora necesidades de legisladores que con sus públicos argumentos parlamentarios, pretenden condicionar la honrosa actividad judicial de los magistrados.
Juan C. Luongo
